La Justicia imputó este viernes al comunicador Esteban Queimada por un delito de difamación contra la exvedette y figura del carnaval Yessy López, marcando un nuevo capítulo en una controversia que ha trascendido las redes sociales para instalarse en el debate público sobre los límites de la libertad de expresión y la discriminación. La fiscal de Flagrancia de 12º Turno, Lucía Nogueira, logró la formalización de la investigación tras una denuncia presentada por López a raíz de una serie de comentarios de Queimada que, según la denunciante y la fiscalía, afectaron gravemente su honor y reputación.
El origen del conflicto se remonta a comentarios realizados por Queimada en su programa «Bajo la Lupa» y en sus redes sociales, donde criticó la postulación de Yessy López como candidata a diputada por el Frente Amplio. En sus dichos, el comunicador cuestionó la idoneidad de López para un cargo político, utilizando un lenguaje que fue calificado por la defensa de la artista como «agraviante y humillante».
Durante la audiencia de formalización, la fiscal Nogueira fue contundente al describir el impacto que tuvieron las declaraciones de Queimada en la vida de López. Sostuvo que los comentarios no solo la denigraron como persona y como mujer, sino que también la afectaron profundamente en su esfera íntima, familiar y profesional. Según la fiscal, López experimentó una «profunda angustia» y sintió «vergüenza hasta de salir de su propia casa». La argumentación fiscal hizo hincapié en que las expresiones de Queimada revivieron en López «experiencias traumáticas previas de discriminación y acoso racial» sufridas en su infancia y adolescencia, traumas que había procesado a lo largo de años de terapia. Este punto fue clave para ilustrar que las palabras del comunicador no fueron inocuas, sino que tuvieron un efecto tangible y doloroso, reabriendo viejas heridas y generando un nuevo daño psicológico.
Tras conocerse la decisión judicial, Yessy López se mostró aliviada y celebró la imputación. En declaraciones a la prensa y a través de sus redes, afirmó: «De esta forma es como vamos a terminar con este tipo de personas». Su postura refleja no solo una búsqueda de reparación personal, sino también un deseo de sentar un precedente contra lo que considera discursos de odio amparados en una supuesta libertad de expresión. El caso fue rápidamente respaldado por diversas figuras públicas, como la periodista Patricia Madrid, quien en su cuenta de X (anteriormente Twitter) calificó a Queimada de «lacra» y celebró la decisión judicial. «¡De pie por ella!», escribió Madrid, en una muestra de apoyo que evidencia la polarización que el caso ha generado en el ámbito mediático y político.
Por su parte, Esteban Queimada mantuvo una postura desafiante y crítica. Lejos de retractarse, utilizó sus plataformas para enmarcar el proceso judicial como una persecución ideológica. «Apelamos la formalización y vamos a ir legalmente contra todos. Esto no es un tema racial, es ideológico y político», manifestó. En un mensaje que buscó capitalizar el apoyo de sus seguidores, añadió: «No se callen ni se dejen amedrentar por este sistema woke de mierda». Esta reacción alinea a Queimada con una corriente de opinión que ve en este tipo de denuncias un intento de «cancelación» y un ataque a la libertad de pensamiento por parte de lo que denominan una agenda «progresista».
La controversia va más allá de un simple enfrentamiento entre dos figuras públicas. Pone sobre la mesa un debate complejo y necesario en la sociedad uruguaya actual. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el discurso de odio o la difamación? El caso ha obligado a actores institucionales a tomar posición. La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación ya se había pronunciado meses atrás sobre los dichos de Queimada, emitiendo un comunicado en el que advertía sobre la peligrosidad de normalizar discursos que estigmatizan y discriminan, especialmente cuando provienen de personas con influencia mediática.
El proceso judicial, que ahora entra en una nueva fase, será seguido de cerca no solo por sus protagonistas, sino por una sociedad que debate activamente sobre la convivencia, el respeto y las responsabilidades que conlleva la comunicación en la era digital. La resolución final podría sentar jurisprudencia sobre cómo se tratan en Uruguay los casos donde el honor de una persona se ve afectado por expresiones que, para algunos, son meras opiniones y, para otros, constituyen actos de violencia verbal con consecuencias reales. Mientras tanto, el caso Queimada-López sirve como un potente recordatorio de que las palabras, especialmente las que se emiten desde un micrófono o se publican en una red social, tienen un peso y un impacto que pueden terminar dirimiéndose en los tribunales.
