La Ley de Tenencia Compartida en Uruguay: Un Debate que Persiste

En mayo de 2023, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza, comúnmente conocida como Ley de Tenencia Compartida. Esta legislación ha generado un intenso debate en la sociedad uruguaya, dividiendo opiniones entre quienes la consideran un avance en la equidad parental y aquellos que la ven como un potencial riesgo para la seguridad de niños y adolescentes.

Contexto y Contenido de la Ley

La Ley de Corresponsabilidad en la Crianza establece que ambos progenitores tienen derechos y obligaciones comunes en la crianza y desarrollo de sus hijos, independientemente del régimen de tenencia acordado o determinado judicialmente. En casos donde no exista acuerdo entre los padres sobre la tenencia, el juez deberá privilegiar la tenencia alternada o compartida, siempre que las condiciones familiares lo permitan. Para tomar esta decisión, se considerarán factores como la opinión del niño, la recomendación de su defensor, el vínculo afectivo con los padres y otros familiares, la posibilidad de dedicación de cada progenitor, acuerdos previos, la distancia entre domicilios y centros educativos, y las posibilidades de transporte.

Un aspecto particularmente controvertido de la ley es el tratamiento de las medidas cautelares en casos de violencia doméstica. La normativa establece que, incluso cuando se dicten medidas cautelares contra uno de los progenitores por situaciones de violencia, se deberá respetar el derecho de los menores a mantener visitas con el denunciado, siempre que se proteja el interés superior del niño. Esta disposición ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores que consideran que podría poner en riesgo la seguridad de los menores.

Posturas a Favor y en Contra

Los defensores de la ley argumentan que promueve la equidad parental y reconoce el derecho de los niños a mantener una relación significativa con ambos progenitores. Sostienen que la corresponsabilidad en la crianza es fundamental para el desarrollo integral de los menores y que la ley proporciona un marco legal que facilita esta corresponsabilidad.

Por otro lado, opositores a la ley, incluyendo al Frente Amplio y diversas organizaciones sociales, expresan su preocupación por la seguridad de los niños en situaciones de violencia doméstica. Argumentan que la ley podría obligar a los menores a mantener contacto con progenitores que han sido denunciados por violencia, lo que podría poner en riesgo su bienestar. Además, señalan que la ley podría priorizar los derechos de los padres sobre el interés superior del niño, contraviniendo principios internacionales de protección infantil.

Reacciones Políticas y Sociales

La aprobación de la ley generó tensiones dentro del ámbito político uruguayo. El Frente Amplio manifestó su intención de derogar la ley en caso de obtener mayoría parlamentaria en futuras elecciones, argumentando que pone en riesgo la integridad de niños y adolescentes. La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, criticó duramente la ley, calificándola como un retroceso en materia de derechos de género y protección infantil.

Organizaciones como el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, la Asociación Nacional de ONG, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, y la Intersocial Feminista han expresado su rechazo a la ley, argumentando que podría poner en riesgo a niños y adolescentes víctimas de violencia. Estas organizaciones sostienen que la corresponsabilidad en la crianza ya está legislada y que la nueva ley es innecesaria y potencialmente perjudicial.

Perspectivas Futuras

El debate en torno a la Ley de Tenencia Compartida continúa vigente en Uruguay. Mientras algunos sectores abogan por su implementación y consideran que representa un avance en la equidad parental, otros insisten en la necesidad de revisarla o derogarla para garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes. La discusión refleja las complejidades de equilibrar los derechos y responsabilidades de los progenitores con la necesidad primordial de salvaguardar el bienestar de los menores.

En este contexto, la sociedad uruguaya se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio que respete los derechos de todos los involucrados, asegurando que las decisiones tomadas en materia de tenencia y crianza prioricen siempre el interés superior del niño. La evolución de este debate y las acciones que se tomen en el futuro serán determinantes para definir el rumbo de las políticas de protección infantil en el país.