La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió destituir a la Directora del Servicio de Abogacía del Poder Judicial, María Virginia Collazo, tras una investigación administrativa y un sumario abierto a partir de denuncias por acoso laboral presentadas por cuatro abogados de esa dependencia.
Según informó Búsqueda en base a fuentes del Poder Judicial, el sumario concluyó que las conductas constatadas configuraban faltas graves, lo que llevó a la Corte a aplicar la sanción máxima.
Denuncia y sumario
En noviembre de 2024, los denunciantes entregaron un escrito en el que describieron un clima laboral “insostenible”, marcado por gritos, descalificaciones y traslados internos. Señalaron además un “desgaste emocional enorme” y problemas de salud física y mental que derivaron en la necesidad de iniciar terapia psicológica.
A raíz de esas denuncias, la SCJ dispuso la apertura de un sumario y la separación preventiva de Collazo, con retención del 50% de su salario.
Los descargos de Collazo
En declaraciones a Búsqueda en marzo de 2025, Collazo rechazó las acusaciones y aseguró que se trataba de una represalia por un litigio que ella había mantenido con la propia Corte en 2021. Ese año fue sancionada por negarse a firmar una acción de inconstitucionalidad sobre ascensos en el Poder Judicial, pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la sanción en 2024.
La jerarca sostuvo que, lejos de acosar, era ella quien sufría un “acoso ascendente” de parte de sus subordinados.
La resolución de la Corte
La Instructora del Sumario había recomendado una suspensión de seis meses, pero la mayoría de los ministros de la SCJ optaron por la destitución.
La resolución sostiene que las faltas administrativas comprobadas son de “gravísima entidad” y que Collazo es “indigna para el desempeño de su cargo”. El documento afirma que ejerció acoso laboral en forma sostenida y que sus actos vulneraron los derechos humanos de los trabajadores de su oficina.
El fallo también descarta los argumentos de Collazo sobre un supuesto “complot” en su contra, señalando que están “lejos de ser probados”.
El único voto en disidencia fue el del Ministro Tabaré Sosa, quien consideró desproporcionada la destitución y defendió aplicar la sanción sugerida por la instructora: seis meses de suspensión sin goce de sueldo.
