Uruguay eleva la edad mínima para contraer matrimonio: un paso hacia la protección de la infancia
En una decisión histórica, el Senado uruguayo aprobó por unanimidad un proyecto de ley que eleva la edad mínima para contraer matrimonio de 16 a 18 años. Esta medida, que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, busca alinear la legislación nacional con los estándares internacionales de protección de los derechos de niños y adolescentes.
Un cambio legislativo esperado
La iniciativa, que modifica el artículo 91 del Código Civil, establece que la edad mínima para casarse será de 18 años. Sin embargo, se contempla una excepción: adolescentes de 16 y 17 años podrán contraer matrimonio únicamente con la autorización expresa de un juez. Este deberá evaluar las capacidades y condiciones de los menores solicitantes, garantizando su derecho a ser escuchados y a contar con asistencia legal.
Contexto y antecedentes
La legislación vigente hasta ahora permitía el matrimonio a partir de los 16 años con el consentimiento de los padres o tutores. Esta normativa había sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales. En 2017, la Organización de las Naciones Unidas instó a Uruguay a elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años, argumentando que el matrimonio infantil puede tener consecuencias negativas en la salud y el bienestar de las niñas y adolescentes.
Según datos de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, entre 2020 y 2024 se registraron 84 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de 18 años. En el 91,5% de estos casos, la persona menor era una niña o adolescente mujer.
Debate y posiciones encontradas
El proyecto de ley fue objeto de debate en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado. Si bien la propuesta inicial buscaba establecer los 18 años como edad mínima sin excepciones, se acordó incluir la posibilidad de que adolescentes de 16 y 17 años puedan casarse con autorización judicial. Esta decisión busca equilibrar la protección de los derechos de los adolescentes con el reconocimiento de su autonomía progresiva.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta modificación. El Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República expresó que el proyecto «no es congruente» y podría generar «diversos inconvenientes» en la legislación vigente. Argumentan que la medida podría no ser el mecanismo idóneo para evitar consecuencias perjudiciales como el embarazo precoz, ya que estas no ocurren exclusivamente dentro del matrimonio.
Implicancias y desafíos futuros
La aprobación de este proyecto de ley representa un avance significativo en la protección de los derechos de niños y adolescentes en Uruguay. Al elevar la edad mínima para contraer matrimonio, se busca prevenir situaciones de vulnerabilidad y garantizar que las decisiones sobre el matrimonio se tomen con la madurez y el consentimiento adecuados.
No obstante, la implementación de esta ley requerirá esfuerzos adicionales en términos de educación y concienciación. Es fundamental que la sociedad en su conjunto comprenda la importancia de esta medida y que se promuevan políticas públicas que respalden su efectividad.
En una sociedad que valora la protección de sus jóvenes, este cambio legislativo es un paso hacia adelante. La mirada ahora se dirige a la Cámara de Diputados, donde se espera que esta iniciativa sea ratificada, consolidando así el compromiso de Uruguay con los derechos de la infancia y la adolescencia.
