La búsqueda desesperada de Francisco y Alfonsina, de 6 y 2 años, terminó de la peor manera posible en las aguas heladas del arroyo Don Esteban, en Río Negro. El hallazgo de los cuerpos de los pequeños junto al de su padre, Andrés Morosini, dentro de su vehículo sumergido, no solo cerró un caso de secuestro, sino que abrió una herida profunda en la conciencia de todo un país. La tragedia, que comenzó con un violento rapto en Mercedes, se convirtió en el más crudo ejemplo de un sistema que, pese a las advertencias, no pudo evitar lo irreparable.
Todo se desencadenó cuando Morosini, sobre quien pesaba una orden de restricción por denuncias previas de violencia, irrumpió en la casa de su expareja, Micaela. Tras agredir a la abuela de los niños, se los llevó por la fuerza, iniciando una búsqueda que paralizó a la región y al país. Durante horas, la esperanza se mezcló con el temor más profundo, un temor que lamentablemente estaba fundado en los antecedentes de violencia que Micaela ya había denunciado.
El desenlace confirmó que las medidas de protección habían sido insuficientes. La orden de restricción fue vulnerada con una facilidad alarmante, dejando en evidencia la desprotección real de las víctimas más allá del papel. Este doble filicidio, seguido del suicidio del autor, sacudió el debate público y puso sobre la mesa preguntas incómodas: ¿De qué sirven las medidas cautelares si no se puede garantizar su cumplimiento? ¿Está el sistema judicial ponderando adecuadamente el riesgo que un agresor representa, no solo para su expareja, sino también para sus hijos?
La conmoción social fue inmediata y masiva. Vigilias, marchas y un reclamo unánime de justicia resonaron en varias ciudades. El caso Morosini se transformó en un catalizador para cuestionar la aplicación de la ley de tenencia compartida en contextos de violencia de género, un punto que organizaciones feministas y expertos en derecho de familia señalan como crítico.
En respuesta a la presión pública, el gobierno, a través de la Secretaría de Presidencia, anunció la creación de una mesa de trabajo interinstitucional para revisar los protocolos de actuación y la respuesta del Estado ante estas situaciones. Sin embargo, para Micaela y su familia, cualquier cambio llegará tarde.
La tragedia de Francisco y Alfonsina ha dejado una cicatriz imborrable. Más allá del dolor, la pregunta que vos te hacés es si este sacrificio servirá para forzar los cambios necesarios, para que la historia no se repita y para que la denuncia de una mujer sea, de una vez por todas, la barrera infranqueable que proteja la vida de sus hijos.
La búsqueda de los niños movilizó a personal policial y de bomberos, culminando con el trágico hallazgo en el arroyo Don Esteban.
La sociedad uruguaya reaccionó con marchas y vigilias, exigiendo justicia y una revisión de las políticas de protección.
El caso impulsó un debate a nivel político sobre la eficacia de las leyes de protección y tenencia compartida en contextos de violencia.
