La tragedia de Francisco y Alfonsina, los dos niños asesinados por su padre en Mercedes, ha provocado una réplica institucional sin precedentes que sacude los cimientos del Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una de las decisiones más severas que se recuerdan contra un magistrado, ha iniciado un sumario administrativo con separación del cargo y retención de sueldo a la jueza Pura Book, la magistrada que intervino en las horas previas al doble filicidio. La medida, drástica y de enorme carga simbólica, abre un debate profundo y doloroso sobre la responsabilidad judicial y las grietas de un sistema que no pudo proteger a los más vulnerables.
La decisión de la máxima corporación judicial se centra en la actuación de la jueza durante aquella fatídica audiencia. El punto de quiebre, que ha sido objeto de escrutinio público y ahora de una investigación formal, fue la resolución que habilitó un régimen de visitas sin supervisión para Andrés Morosini, a pesar de que este contaba con una orden de restricción por denuncias previas de violencia de género presentadas por Micaela, la madre de los niños. La investigación administrativa buscará determinar por qué no se ponderó adecuadamente el riesgo y, fundamentalmente, por qué no se tuvo en cuenta un informe técnico que advertía del peligro inminente.
Este sumario no es un trámite más. Implica una investigación a fondo que puede derivar en sanciones que van desde una observación hasta la destitución, la pena más grave para un juez. La separación del cargo mientras dura el proceso evidencia la gravedad que la SCJ le asigna al caso. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción y preocupación en la interna judicial.
Desde la Asociación de Magistrados del Uruguay, si bien se ha optado por la cautela, han surgido voces que, sin defender el error, advierten sobre los peligros de depositar toda la responsabilidad en una sola figura. Argumentan que los jueces, especialmente en el interior del país, trabajan bajo una presión enorme, con un volumen de casos que desborda la capacidad de respuesta y con un sistema de apoyo administrativo que a menudo presenta fallas. «Un juez decide con la información que tiene en el expediente en ese momento», comentaba un magistrado a un medio local, sugiriendo que el extravío o la no inclusión a tiempo del informe de riesgo podría responder a un fallo administrativo sistémico y no necesariamente a una negligencia de la jueza.
Este contrapunto es el corazón del debate. Mientras que para una parte de la opinión pública y para las organizaciones de víctimas, la decisión de la jueza fue un error humano inexcusable que tuvo consecuencias fatales, para un sector de la magistratura, su caso podría ser el de un chivo expiatorio que oculta problemas mucho más profundos de recursos, capacitación y protocolos dentro del sistema judicial.
Organizaciones feministas y expertas en violencia de género, que durante años han alertado sobre la falta de una perspectiva de género en la justicia, ven en este sumario un posible punto de inflexión. Sostienen que el caso Morosini es la prueba más trágica de cómo la justicia a menudo minimiza la palabra de las mujeres y subestima el riesgo letal que representan los agresores. Para ellas, la investigación a la jueza Book es un paso necesario, pero insuficiente si no viene acompañado de una reforma estructural en la formación de los jueces y en los mecanismos de evaluación de riesgo.
La decisión de la SCJ, por tanto, trasciende el futuro de una funcionaria. Es un mensaje hacia toda la magistratura y, a la vez, una respuesta a una sociedad conmocionada que exige responsables. Mientras la investigación sigue su curso, la pregunta que vos te hacés es si este terremoto servirá para reconstruir la confianza en la justicia sobre bases más sólidas o si, una vez que pase el temblor, las mismas grietas que permitieron la tragedia de Mercedes seguirán ahí, esperando la próxima falla.
La Suprema Corte de Justicia tomó la drástica medida de iniciar un sumario y separar del cargo a la jueza que actuó en el caso Morosini.
La decisión ha abierto un profundo debate sobre la responsabilidad individual de los jueces frente a las fallas sistémicas del Poder Judicial.
Organizaciones sociales y la opinión pública siguen de cerca el caso, exigiendo cambios estructurales para que una tragedia así no se repita.
