El uso de una oficina de Torre Ejecutiva para un evento en el marco del «Mes de la Diversidad» generó fuertes cuestionamientos políticos.
El Senador Sebastián da Silva fue uno de los más críticos:
“Es la peor forma de estigmatizar a lo que se quiere poner arriba de la mesa. Yo no puedo entender cómo alguien desde Presidencia de la República puede haber autorizado el uso de una oficina pública para hacer algo tan, pero tan fuera de gusto como lo que yo vi” dijo el legislador, agregando además que la actividad “no es representativa del colectivo LGBTQ+”.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos, su Directora Collette Spinetti defendió la iniciativa:
“Estamos en un mundo donde las discriminaciones, los discursos de odio se están profundizando cada vez más, y esto nos demuestra cuánto más hay que trabajar para que esto no suceda”.
Spinetti detalló que en la actividad participaron la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, María Inés Obaldía, el Subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, además de referentes de la Sociedad Civil, la ONU y la Embajada de México. En ese marco, se presentó una intervención artística con dos performers de arte drag.
“Intervinieron voces de la sociedad civil de diferentes partes del país, hubo una intervención de la ONU y desde la Embajada de México, por la cooperación. En ese marco, llevamos arte de esta comunidad, dos personas que hacen arte drag. Es un arte antiquísimo. Pensemos en las representaciones teatrales desde la antigüedad, donde los varones hacían los papeles femeninos. El arte drag tiene sus raíces allí, en el teatro, y es un arte que viene del under y es propio de la comunidad LGBTQ+”, sostuvo Spinetti.
La controversia se da en un contexto en el que también se cuestiona el destino de recursos públicos hacia actividades culturales o de entretenimiento sobre situaciones que requieren atención urgente. Cabe recordar que la Intendencia de Montevideo, en su momento, destinó más de 200.000 dólares para contratar a la cantante argentina Lali Espósito, lo que abrió un debate similar sobre prioridades del gasto municipal y estatal.
