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Fuego en el Caribe: La nueva y letal estrategia de Trump contra el narcotráfico que deja un reguero de muertos y dudas

La pantalla de un celular se convirtió este martes en el escenario de un acto de guerra. Sin comunicados oficiales previos ni conferencias de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social, Truth Social, un ataque militar fulminante contra una embarcación en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. El resultado, según sus propias palabras: seis presuntos narcotraficantes muertos. Acompañando el texto, un video de apenas 30 segundos, granulado y sin audio, mostraba una lancha solitaria en la inmensidad del mar hasta que un proyectil la impacta, haciéndola estallar en una bola de fuego y astillas. La escena, fría y distante, marca el último capítulo de una nueva y controvertida doctrina de seguridad que Washington aplica en el patio trasero de América Latina.

El mensaje del mandatario fue directo y carente de matices. “Inteligencia confirmó que la embarcación traficaba narcóticos, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas”, escribió Trump. El ataque, según la Casa Blanca, fue ejecutado bajo sus órdenes directas y no dejó bajas estadounidenses. Pero más allá de la afirmación presidencial, un manto de silencio y opacidad cubre los detalles de la operación, generando una ola de interrogantes que resuenan desde Washington hasta Montevideo.

Un Anuncio en Redes Sociales y un Video Explosivo

No es la primera vez que ocurre. Este incidente es, de hecho, el quinto de naturaleza similar desde que comenzó septiembre. La estrategia parece seguir un patrón definido: una operación militar letal, seguida de un anuncio presidencial en redes sociales con escasa información. En total, estas acciones han dejado un saldo de al menos 27 fallecidos en menos de dos meses, todos calificados por la administración estadounidense como “narcoterroristas”.

En el video compartido por Trump, la lancha parece estar detenida o moviéndose a muy baja velocidad. No se aprecian armas ni una actitud hostil. Simplemente flota en el mar azul hasta que la explosión la borra del mapa. ¿Quiénes eran los seis hombres a bordo? ¿Cuál era su nacionalidad? ¿Qué tipo de droga transportaban y en qué cantidad? ¿Qué evidencia concreta vinculaba a esa embarcación específica con una red terrorista? Ninguna de estas preguntas ha sido respondida por el gobierno estadounidense.

La justificación oficial se apoya en la designación, el pasado febrero, de la banda criminal venezolana “Tren de Aragua” como una organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado. Esta clasificación legal otorga al Ejecutivo estadounidense una mayor flexibilidad para usar la fuerza militar en su contra, equiparando sus actividades a las de grupos como Al Qaeda o ISIS. “El golpe se lanzó en aguas internacionales, y seis narcoterroristas varones a bordo murieron en el ataque”, sentenció Trump en su publicación, cerrando cualquier debate sobre la identidad de las víctimas.

La Escalada de una Guerra No Declarada

Lo que sucede en el Caribe es mucho más que una serie de operativos aislados. Representa un cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico, pasando de las tradicionales misiones de interdicción —que buscan capturar a los traficantes y confiscar la mercancía— a ejecuciones extrajudiciales mediante ataques a distancia. Fuentes del Pentágono han confirmado a medios norteamericanos que se ha notificado al Congreso, a través de un memorando, que Estados Unidos se considera en un “conflicto armado” con los carteles de la droga, una declaración que abre una peligrosa caja de Pandora legal y diplomática.

La Casa Blanca defiende la legalidad y moralidad de estas acciones. Sus portavoces insisten en que el presidente actúa amparado en su autoridad constitucional como comandante en jefe para proteger los intereses de seguridad nacional. Sostienen que estas redes no solo trafican con drogas, sino que desestabilizan la región y representan una amenaza directa para Estados Unidos. Sin embargo, esta postura es fuertemente cuestionada por expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos.

La principal crítica apunta a la falta de un debido proceso. ¿Por qué no interceptar las embarcaciones, detener a sus ocupantes y llevarlos ante la justicia? La respuesta de la administración parece ser la contundencia. Se busca enviar un mensaje de fuerza, demostrando que las reglas han cambiado y que el costo de traficar en rutas consideradas estratégicas por Washington es la muerte. Esta lógica, sin embargo, elimina cualquier posibilidad de obtener inteligencia valiosa de los detenidos, desmantelar redes financieras o entender mejor la estructura de las organizaciones criminales.

Silencio y Preguntas: Los Fantasmas del Caribe

La falta de transparencia es alarmante. Las víctimas de estos ataques se convierten en fantasmas sin nombre ni historia. Eran, según la única versión oficial, “narcoterroristas”. Esta etiqueta, amplia y conveniente, sirve para justificar la máxima violencia sin necesidad de rendir cuentas. Organizaciones civiles han levantado la voz, alertando que estas operaciones podrían estar matando a simples pescadores, migrantes forzados a transportar paquetes o personas de bajo rango en la cadena delictiva, sin que exista una investigación independiente que lo verifique.

Para países como Uruguay, que observan la creciente inestabilidad regional con preocupación, esta nueva política estadounidense genera una profunda inquietud. La militarización unilateral de la lucha contra el crimen organizado en aguas sudamericanas sienta un precedente complejo. ¿Qué pasaría si una de estas operaciones involucrara por error a ciudadanos de otros países de la región? La ausencia de comunicación diplomática y la justificación a través de una red social transforman la geopolítica en un acto impulsivo y de consecuencias impredecibles.

Analistas internacionales señalan que esta estrategia, además de sus implicaciones humanitarias, podría ser contraproducente. La violencia extrema puede generar ciclos de venganza y un recrudecimiento de los conflictos, fortaleciendo a los líderes de los carteles que logran sobrevivir y presentándose como víctimas de una agresión imperialista. Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha mantenido un llamativo silencio sobre estos últimos ataques, una postura que contrasta con sus habituales y enérgicas condenas a la «injerencia» estadounidense.

El mar Caribe, históricamente una ruta de comercio y cultura, se está convirtiendo en un polígono de tiro. La guerra contra las drogas, que durante décadas se libró en la selva y las ciudades, ahora se disputa con la precisión letal de un dron o un misil guiado. Mientras la publicación de Trump acumula reacciones en su plataforma, en algún lugar del océano, los restos de una lancha se hunden lentamente. Con ellos se van las identidades, las historias y las respuestas a las preguntas que nadie en el poder parece interesado en formular. El único epitafio disponible es un video de 30 segundos, repetido en bucle en millones de pantallas a miles de kilómetros de distancia.