La sanción se adoptó por desacatar una resolución orgánica, pero el episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate entre disciplina partidaria, libertad de voto y representación democrática.
La interna del Frente Amplio en Salto atraviesa horas de fuerte tensión política luego de que la Mesa Política departamental resolviera apartar de la bancada a tres ediles que votaron a favor del fideicomiso impulsado por la Intendencia, encabezada por el nacionalista Carlos Albisu.
La decisión alcanzó a Eduardo Varela Minutti, Analía Fernández y Gladys Martínez, cuyos votos resultaron clave para que el oficialismo lograra aprobar la iniciativa, dado que no contaba con los apoyos necesarios dentro de su propio bloque. A ese respaldo se sumó también el de una exedil frenteamplista que recientemente se declaró independiente.
A través de un comunicado emitido en la noche del martes, la departamental del Frente Amplio informó que los/as ediles sancionados “no integran a partir de la fecha la bancada” y que dejaron de representar a la fuerza política en la Junta Departamental y en cualquier otro ámbito. Asimismo, se resolvió remitir los antecedentes al Tribunal de Conducta Política, solicitando formalmente su expulsión del Frente Amplio.
Según se señala en el texto, la medida responde al “no acatamiento” de lo resuelto previamente por el plenario departamental, que había definido como asunto político el rechazo al fideicomiso, tras analizar la propuesta de endeudamiento presentada por el Ejecutivo departamental. El instrumento aprobado prevé un monto de 60 millones de dólares, a pagar en un plazo de 20 años.
La sesión en la que se votó el proyecto estuvo marcada por un clima de alta confrontación. Desde las barras se produjeron abucheos e insultos dirigidos principalmente a la edil Analía Fernández, esposa del exintendente Andrés Lima. Durante la instancia se escucharon expresiones como “traidores” y otras descalificaciones personales, lo que profundizó la tensión dentro y fuera del recinto.
El debate social
Más allá de la sanción partidaria, el episodio reaviva un debate de fondo en el sistema político: el alcance de la disciplina interna frente a la autonomía de los representantes electos. En su fundamentación de voto, Fernández sostuvo que su decisión respondió a lo que consideraba más conveniente para el departamento, aun cuando ello implicara apartarse de la posición orgánica de su fuerza política.
El caso vuelve a colocar en discusión hasta dónde puede llegar la sanción partidaria cuando un edil actúa según su criterio, y si ese tipo de resoluciones fortalece o debilita el ejercicio de la representación democrática. Un debate que, por estas horas, atraviesa de lleno a la política salteña y al Frente Amplio en particular.
