La militante trans y activista por los derechos humanos Romina Celeste ha negado rotundamente haber recibido una suma de dinero para incriminar al exsenador nacionalista Gustavo Penadés en el marco de las investigaciones por presuntos delitos sexuales. En declaraciones recientes, Celeste también reafirmó su respaldo a tres de los denunciantes involucrados en la causa, asegurando que cree plenamente en sus testimonios.
Desmentida pública y contundente
En una entrevista publicada este martes, Romina Celeste respondió a las versiones que circularon en redes sociales y ciertos sectores políticos, las cuales apuntaban a que habría recibido 100.000 dólares como pago por formar parte de una maniobra de incriminación organizada contra Penadés. La influencer y activista calificó esa información como “absolutamente falsa” y afirmó que jamás se prestaría a una operación de esa naturaleza.
“No hay ninguna operación política ni económica detrás de mi denuncia ni de las denuncias de otras víctimas. Lo niego contundentemente. Nunca recibí ningún tipo de pago ni ofrecimiento”, expresó Celeste, quien ha sido una de las figuras más visibles desde que estalló el caso.
La polémica reapareció luego de que se filtraran partes del expediente judicial y declaraciones en medios que insinuaban un posible pago para perjudicar al exlegislador del Partido Nacional. Sin embargo, hasta el momento no han surgido pruebas concretas que sustenten dicha teoría.
Apoyo a las víctimas: “Les creo”
Más allá de rechazar las acusaciones, Celeste manifestó su total respaldo a tres de los jóvenes que denunciaron al exsenador por haber sido víctimas de explotación sexual cuando eran menores de edad. “Les creo. Tengo motivos personales para hacerlo y creo que cada uno ha demostrado enorme valentía al presentarse ante la Justicia”, manifestó.
En ese sentido, Celeste destacó lo difícil que resulta para las víctimas romper el silencio, especialmente cuando se trata de figuras públicas con poder e influencia. “La revictimización que sufren quienes se atreven a denunciar es brutal. Por eso es fundamental acompañar y respetar sus procesos”, señaló.
Actualmente, la causa contra Penadés está bajo investigación judicial, y aún continúa en etapa de recolección de pruebas. La Fiscalía ha tomado declaraciones a varias víctimas y testigos, al tiempo que revisa documentación y comunicaciones electrónicas en busca de elementos que permitan esclarecer los hechos.
La situación judicial de Penadés
Gustavo Penadés enfrenta múltiples denuncias por presuntos abusos sexuales cometidos durante la década pasada, muchas de ellas cuando las presuntas víctimas aún eran menores de edad. El escándalo detonó en 2023, cuando Romina Celeste hizo pública su denuncia y alentó a otros jóvenes a contar sus experiencias.
Desde entonces, el caso ha escalado mediática y judicialmente, obligando a Penadés a renunciar a su banca en el Senado y a su militancia partidaria. Si bien el exparlamentario ha negado todas las acusaciones en su contra, la Justicia continúa avanzando en la instrucción del expediente.
En octubre de 2023, el expresidente Luis Lacalle Pou se desligó del caso, subrayando la independencia de la investigación judicial y negando cualquier tipo de encubrimiento institucional por parte del Gobierno o el Partido Nacional.
Desinformación y clima político
Los rumores sobre un presunto pago a Romina Celeste y otras personas involucradas se han multiplicado en redes sociales y en algunos espacios periodísticos, lo que ha contribuido a generar un clima de escepticismo y confusión alrededor del caso. Celeste lamentó esta situación y advirtió sobre el impacto que puede tener la desinformación en un proceso tan delicado.
“Hay sectores que prefieren desacreditar a las víctimas antes que aceptar la posibilidad de que una figura con poder haya cometido delitos. Yo no tengo miedo, pero muchas personas sí lo tienen. Hay que terminar con la cultura del silencio y la impunidad”, expresó con firmeza.
Varios colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos han salido en defensa de las personas que se han animado a denunciar, al tiempo que solicitaron garantías para que puedan testificar sin presiones ni represalias.
