Una reciente publicación en redes sociales generó inquietud en sectores ciudadanos y políticos por la aparente realización de una manifestación vinculada a la religión dentro de la Torre Ejecutiva, sede central del Poder Ejecutivo uruguayo.
En el posteo, difundido el 25 de julio por un fotógrafo y activista, se agradece públicamente a una persona funcionaria de Presidencia por “abrir las puertas de la Presidencia de Uruguay para la música de axé”. El texto añade que el objetivo es “llevar nuestra fe a cada rinconcito del país y quizá del mundo” y cierra con una invocación religiosa, pidiendo que (en quienes ellos/as creen) «nos bendiga a todos, todas y todes”.
Aunque la actividad podría haber sido presentada bajo el formato de una intervención cultural o artística de raíz afrodescendiente, el propio mensaje deja en evidencia que se trató de una expresión abierta y explícita de fe, que podría estar enmarcada dentro de una religión, y desarrollada dentro de un espacio oficial del Estado.
¿Libertad religiosa o quiebre de laicidad?
Uruguay es un país que garantiza la libertad de religión y cultos desde hace más de un siglo, pero lo hace dentro de un marco constitucional definido por un principio clave: la laicidad del Estado. Esto implica que los espacios públicos y las instituciones del gobierno deben mantenerse neutrales ante todas las creencias religiosas.
Por eso, más allá de la intención de promover la diversidad cultural o la inclusión, la realización de una actividad religiosa en la sede del Poder Ejecutivo podría exceder un simple acto simbólico y plantear una contradicción con el espíritu laico de las instituciones democráticas.
No se trata de censurar una fe determinada, sino de resguardar un principio que garantiza que ninguna religión, ni mayoritaria ni minoritaria, sea promovida, o facilitada por el Estado.
La delgada línea entre cultura y religión
Las expresiones afrodescendientes en Uruguay tienen un enorme valor histórico, artístico y social. Sin embargo, no puede ignorarse que, en muchos casos, los ritos, danzas y músicas están íntimamente ligados a prácticas religiosas. Presentarlas bajo la etiqueta de “actividad cultural” para justificar su presencia en espacios estatales puede resultar, en este contexto, una forma sutil de saltear los límites que impone la laicidad.
Es importante distinguir entre el legítimo derecho a profesar una religión, que debe ser plenamente respetado, y el uso de espacios públicos del Estado para su difusión o celebración. No todos/as los/as uruguayos/as profesan esa fe, y el Estado no debe parecer favorecer ninguna en particular.
¿Un llamado a la responsabilidad?
El hecho de que esta intervención haya contado con el aval, explícito o tácito, de autoridades de Presidencia de la República, abre la puerta a un debate más profundo: ¿cómo se define qué tipo de actividades pueden tener lugar dentro de los ámbitos más altos del Estado? ¿Existen protocolos o criterios claros? ¿Se aplican con equidad?
Uruguay es reconocido internacionalmente por haber construido un modelo de convivencia que respeta todas las creencias. Romper ese equilibrio, aunque sea de forma simbólica, es un paso delicado que merece reflexión y, sobre todo, responsabilidad institucional. A no ser que la laicidad implique solamente al cristianismo, y no a las demás religiones.
Pedido de informes
El diputado Álvaro Dastugue se pronunció en X y elevó un pedido de informes, publicando:
«Hoy presenté un pedido de informes al Poder Ejecutivo por un hecho grave: se realizó una ceremonia religiosa umbandista en la Torre Ejecutiva, con participación de autoridades de Presidencia.
No fue una conmemoración cultural: hubo rezos e invocaciones religiosas en la sede del Gobierno.
El Estado no debe promover ni financiar ninguna religión.
Pregunto:
¿Quién autorizó este acto?
¿Qué norma lo avala?
¿Se permite lo mismo a otras religiones?
¿Se usaron recursos públicos?
❗️ La laicidad no se negocia. Si el Estado abre sus puertas a una religión, debe hacerlo a todas… o a ninguna.»
Por su parte, el fotógrafo y activista que en un principio agradeció el espacio brindado por Presidencia, respondió en Instagram:
«Cuando un tambor suena en un lugar de poder, no es escándalo: es memória ancestral ocupando lo que siempre fue suyo por derecho.
Lo que incomoda no es la música. Es verdad a la negritude viva, firme, de pie, ocupando espacios que antes eran exclusivos de la blanquitud patriarcal.
Y encima -¡ay, qué afronta!- con una mulher preta cantando, afirmando su existencia con cuerpo, voz y axé.
Vayan acostumbrándose. No pedimos permiso para existir. Resonamos. Ocupamos. Ritualizamos.
El diputado confundió todo:
No sabe distinguir Umbanda (culto de terreiro, religião afro brasileña) de un resgate de cultura oral nigeriana (memoria dos Orixás, raíz africana), una lastima saber que sentado en una silla dentro del parlamento haya persona con tan poco conocimiento cultural!»
Más allá de las diferencias ideológicas y culturales, el hecho es que la sede del Poder Ejecutivo fue utilizada para una actividad con posible contenido religioso, lo que plantea un conflicto directo con el principio de laicidad que rige al Estado uruguayo. Un episodio que reabre la discusión social sobre los límites entre lo cultural y lo religioso en los espacios públicos, y la necesidad de criterios claros que garanticen igualdad y respeto para todas las creencias.