Un arresto que nunca debió ocurrir.
Juan Carlos López-Gómez tiene 20 años, nació en Georgia y es ciudadano estadounidense. Pero eso no le bastó para evitar ser tratado como un criminal por las autoridades del estado de Florida. El 3 de abril, durante un control de tránsito en el condado de St. Lucie, fue detenido por un oficial que, al revisar su documentación, simplemente no le creyó que fuera ciudadano. ¿Su crimen? Ser latino, joven y tener un nombre hispano.
A pesar de presentar una licencia válida del estado de Georgia, su número de seguro social y hasta una copia de su partida de nacimiento, fue esposado y acusado de violar la ley SB 4-C, impulsada por el gobernador Ron DeSantis como parte de su cruzada contra la inmigración.
Esta ley —actualmente bloqueada temporalmente por una orden judicial— busca penalizar el traslado de personas indocumentadas al estado. Sin embargo, en este caso no se trataba de un indocumentado. Se trataba de un ciudadano estadounidense detenido arbitrariamente, como si su derecho a existir en su propio país estuviera en duda por su origen étnico.
—La maquinaria del Estado contra un inocente
La pesadilla legal de López-Gómez continuó cuando una jueza local determinó que no había causa probable para mantenerlo detenido bajo el cargo de entrada ilegal al estado. Sin embargo, y en una muestra escalofriante del laberinto legal en el que miles de personas quedan atrapadas, la magistrada explicó que no podía liberarlo porque había sido emitido un “detainer” por parte de ICE.Es decir, una agencia federal estaba pidiendo que se lo retuviera para una eventual deportación… ¡a un ciudadano estadounidense!
Este abuso no es un caso aislado. Según datos obtenidos por organizaciones como el American Immigration Council y la ACLU, más de 1.500 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos erróneamente por ICE desde 2012. La mayoría de ellos, como López-Gómez, son latinos o afrodescendientes. El denominador común es el perfil racial: color de piel, acento, nombre.
—La ley SB 4-C: una amenaza legal disfrazada
La ley SB 4-C, impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada en sesión especial del Congreso estatal en 2024, establece sanciones penales para quienes transporten personas indocumentadas a Florida, incluso si se trata de familiares cercanos o menores de edad. Desde su promulgación, ha sido duramente criticada por expertos legales, defensores de derechos humanos y comunidades religiosas.“La ley crea una atmósfera de terror para cualquier persona que se vea ‘latina’, incluso si nació aquí. Es un asalto directo al debido proceso y al principio de presunción de inocencia”, señaló César Espinosa, director de la organización FIEL Houston, en una entrevista reciente.
—Una respuesta judicial… ¿suficiente?
Tras pasar más de una semana detenido, López-Gómez fue liberado el 16 de abril, gracias a la presión ejercida por organizaciones civiles, medios de comunicación y un equipo legal que trabajó sin descanso para demostrar lo evidente: que Juan Carlos era, y siempre fue, ciudadano estadounidense.
Sin embargo, su caso ha dejado profundas cicatrices. “Me sentí humillado. Me trataron como si no valiera nada. Como si yo no perteneciera a este país”, declaró López-Gómez tras su liberación. Su familia ha denunciado amenazas, hostigamientos y un profundo temor a nuevas represalias.El abogado que representa al joven ya ha adelantado que se evalúa una demanda civil contra el estado de Florida por detención ilegal, violación de derechos constitucionales y daños morales.
—Racismo institucional: una deuda pendiente en EE.UU.
Este caso no solo debe indignar, debe encender todas las alarmas. El arresto de Juan Carlos López-Gómez no es solo un error policial: es el resultado de un sistema diseñado para discriminar, para criminalizar la piel morena, para asociar el origen latino con la ilegalidad.
Estados Unidos se enfrenta, una vez más, a su propio espejo. Y lo que refleja es inquietante: en pleno 2025, tener un nombre hispano sigue siendo motivo de sospecha. Y peor aún, una ley estatal lo legitima.El gobierno de DeSantis ha cimentado su carrera política sobre la demonización de los inmigrantes, y esta detención arbitraria lo confirma. No se trata de seguridad ni de legalidad: se trata de xenofobia institucionalizada.
—¿Qué pasará ahora?
El caso López-Gómez ya está siendo revisado por organismos federales y se espera que en las próximas semanas se presenten acciones legales tanto a nivel estatal como nacional.
Organizaciones como Human Rights Watch y el Southern Poverty Law Center exigen la revocación inmediata de la ley SB 4-C y una reparación pública para el joven afectado.Mientras tanto, miles de ciudadanos como Juan Carlos viven con miedo, sabiendo que una simple parada de tránsito puede convertir su vida en una pesadilla.
