En una muestra de valentía y hartazgo, miles de peruanos, encabezados por reconocidos artistas, tomaron nuevamente las calles para exigir al gobierno acciones concretas contra la creciente ola de inseguridad que azota al país. La denominada “Marcha por la Paz” partió el 28 de marzo desde el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro, y culminó en el Ministerio del Interior, donde se entregó un petitorio demandando medidas urgentes contra el crimen organizado y las extorsiones que afectan a ciudadanos y gremios por igual.
La indignación se intensificó tras el brutal asesinato de Paul Flores, vocalista de la emblemática banda de cumbia Armonía 10, quien fue acribillado el 16 de marzo en un ataque dirigido al autobús de la agrupación. Este hecho desató una ola de protestas y llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en Lima y Callao, desplegando a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.
Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente. La censura del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su incapacidad para enfrentar la crisis de seguridad, evidencia la falta de liderazgo y compromiso de las autoridades. Mientras tanto, artistas y ciudadanos continúan siendo blanco de amenazas y extorsiones, llegando al punto de cancelar conferencias de prensa por temor a represalias.
La sociedad peruana clama por un alto a la violencia y exige que el gobierno asuma su responsabilidad en garantizar la seguridad y los derechos humanos de todos los ciudadanos. La “Marcha por la Paz” es un grito desesperado de un pueblo que se niega a vivir con miedo y que demanda justicia para las víctimas de un sistema que, hasta ahora, ha mostrado ser ineficaz y negligente.
