El Supremo Tribunal de Brasil juzgará al expresidente por liderar una organización criminal que buscaba impedir la asunción de Lula. La justicia revela planes de magnicidio y complots militares.
La democracia brasileña enfrenta una de sus pruebas más duras: el expresidente Jair Bolsonaro será juzgado por su presunto liderazgo en un intento de golpe de Estado para evitar la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Lo que alguna vez fue tildado por sus seguidores como “una protesta patriótica” ahora se perfila como un complot organizado desde las entrañas mismas del poder.
El Supremo Tribunal Federal (STF) decidió por unanimidad avanzar con el procesamiento del exmandatario de extrema derecha, en un fallo histórico que podría redefinir el futuro político de Brasil y marcar un precedente para América Latina. Bolsonaro no estará solo en el banquillo: otros siete altos funcionarios de su gobierno, entre ellos tres generales del Ejército, también serán juzgados por su participación en la presunta organización criminal.
Un plan para derribar la democracia
Según la Procuraduría General de la República (PGR), el núcleo duro bolsonarista diseñó un plan para interrumpir la transición democrática tras la victoria electoral de Lula en 2022. La denuncia es demoledora: el grupo habría contemplado incluso el asesinato de Lula, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez Alexandre de Moraes, el magistrado que hoy lidera la instrucción del caso.
Este entramado antidemocrático alcanzó su punto cúlmine el 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas, alimentados por teorías conspirativas y arengas de fraude electoral, asaltaron las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, en una jornada que dejó imágenes que remiten a lo peor del autoritarismo. Muy lejos de una manifestación pacífica, los atacantes vandalizaron espacios públicos y buscaron forzar la intervención militar para revertir el resultado electoral.
¿Un nuevo Pinochet latinoamericano?
La acusación apunta a que Bolsonaro intentó convertirse en una suerte de dictador al estilo Pinochet, apelando a los militares como sostén del poder ilegítimo. Entre los implicados figuran nombres claves del círculo más cercano del expresidente: Augusto Heleno, exjefe de inteligencia; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Braga Netto, uno de sus principales operadores políticos y también general del Ejército.
Si el STF encuentra culpable a Bolsonaro por todos los delitos –que incluyen intento de golpe de Estado, abolición del orden democrático, conformación de una organización criminal y daños con violencia al patrimonio público–, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. En Brasil, penas superiores a ocho años se cumplen en régimen cerrado, lo que significaría una reclusión efectiva.
“Si estaba en Brasil, estaría muerto o preso”
Desde la calle, Bolsonaro se sigue defendiendo con victimismo. En una conferencia improvisada frente al Senado, volvió a afirmar que no estaba en Brasil el 8 de enero y denunció una supuesta persecución política: “Si hubiera estado aquí, estaría preso o muerto”, aseguró, con tono dramático. Pero el argumento parece desmoronarse frente a las pruebas aportadas por la fiscalía, que incluyen reuniones conspirativas, documentos firmados y planes detallados para anular las elecciones.
¿Y los militares? ¿Y los empresarios?
El caso no termina aquí. La investigación se ampliará a otros 26 imputados, que conforman tres núcleos adicionales: el operativo (quienes ejecutaron), el financiero (empresarios que habrían financiado el intento de golpe) y el político (figuras que promovieron la desinformación). Una red que podría develar cómo la ultraderecha latinoamericana actúa de manera coordinada y transnacional, amparada en discursos de odio, fake news y nostalgia dictatorial.
