Mario Cardama aseguró que no tiene “ninguna constancia de ninguna denuncia” y que el astillero continuará guiándose por “documentación real”. El gobierno, en tanto, avanza en la ampliación de la denuncia penal.
Mario Cardama, propietario del astillero español señalado por el gobierno uruguayo por presunta “estafa” en el contrato de más de 92 millones de dólares para la construcción de dos patrulleras oceánicas, sostuvo que no ha recibido aviso formal de ninguna acción penal en su contra.
“La prensa de Uruguay sale todos los días a decir cosas, pero yo no tengo ninguna denuncia. Si hay una, contestaré el día que lo tenga que hacer en los juzgados o en donde sea”, afirmó en diálogo con MVD Noticias. El empresario insistió en que no comentará públicamente el caso y recalcó: “Desconozco de la primera denuncia, de la segunda, de la tercera. No conozco ninguna. Solo de la prensa y como empresa no me muevo por la prensa, me muevo por hechos”.
Cardama señaló que el astillero avanzará únicamente en función de “documentación real”, algo que, según dijo, refiere a papeles, actas, reuniones y correos. Además, aseguró que la primera patrullera está construida en un 60% y que los trabajos continúan.
Por otra parte, el presidente Yamandú Orsi confirmó que su administración ampliará la denuncia penal luego de anunciar la rescisión del contrato, al que calificó como “una trampa”, ante la posibilidad de que se hubiera cometido “estafa” o “fraude”. “No vamos a tener más remedio. Si a ti te aparece un documento que un notario español te dice que está falsificado… Cuando nosotros encontramos y la realidad te muestra que hay cosas que no pueden transcurrir, que no pueden avanzar así porque o hay fraude o algo similar, no tenés más remedio que denunciarlo”, señaló el mandatario.
Orsi remarcó que la estrategia jurídica del Estado no busca “atacar a nadie”, sino “defenderse de acciones de este tipo”, y destacó “la transparencia antes que nada”, junto con la protección de los recursos públicos y del mar territorial. Consultado sobre una eventual implicancia de jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou, administración en la que se firmó el contrato, fue categórico: “No me imagino eso”. Añadió que, en su visión, “hubo una empresa que no se portó bien” y que lo importante ahora es “corregir” lo necesario para que las patrulleras lleguen a destino.
El presidente también cuestionó el diseño contractual: “Si las cosas están mal hechas”, advirtió, el gobierno las va “a frenar”. Consideró que “el formato del contrato es una trampa” y expresó preocupación por la forma en que se definió el acuerdo. A su entender, es clave mantener una supervisión estricta sobre las certificaciones porque “con una carta de crédito se corren esos riesgos”. Reclamó “tranquilidad y análisis frío” tanto de la Justicia como de Jurídica de Presidencia.
Fuentes oficiales dijeron a Montevideo Portal que la Asesoría Jurídica será la encargada de presentar la ampliación de la denuncia, que incorporará “documentos con nuevas pericias”. Subrayado informó que el escrito será entregado este martes en la Fiscalía General de la Nación.
La primera denuncia penal y civil fue presentada el 23 de octubre por las irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento que Cardama debía entregar 45 días después de la firma del contrato y cuya presentación derivó, según el gobierno, en un “largo procedimiento” de prórrogas no cumplidas.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, mencionó que el Estado debe evaluar elementos del acuerdo original, entre ellos la “compra directa” que se eligió tras declararse desierta una licitación. Recordó que Cardama “no tiene experiencia en construir este tipo de embarcaciones” y que lo realizado por el astillero constituye un “prototipo”.
