Tras detectar indicios de fraude en la compra de patrullas oceánicas por US$ 92 millones, el Ejecutivo rescindió el contrato con la firma española y anunció acciones judiciales para recuperar los pagos realizados.
El gobierno uruguayo informó este miércoles que denunciará penal y civilmente a la empresa Cardama, responsable de la venta de dos patrullas oceánicas por US$ 92 millones, tras detectar irregularidades en la garantía presentada durante la administración anterior.
La decisión fue anunciada en una conferencia encabezada por el Presidente de la República, Yamandú Orsi, quien resolvió rescindir el contrato con la empresa española.
Según indicaron las autoridades, la garantía proporcionada por Cardama sería falsa. El Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, recordó que el estudio jurídico Delpiazzo había alertado sobre esta situación en un informe previo al Poder Ejecutivo. La falsedad del documento estaría vinculada a Ecommerce Limited, la aseguradora que debía respaldar la garantía.
Díaz explicó que recientemente viajó a Londres para recabar información adicional sobre la compañía, cuyos registros indican que era dirigida por un ciudadano ruso de 54 años, Vladimir Suzdalev. Según los datos obtenidos, Suzdalev se presenta como un “líder de alto nivel” con formación en la Universidad Estatal de Yaroslavl y ha ocupado cargos ejecutivos tanto en agencias estatales como en empresas privadas en Rusia. Sin embargo, entre 2022 y 2024 no registró actividad económica y Ecommerce Limited solo mantuvo un empleado en ese período. La empresa fue dada de baja recientemente, según la gaceta oficial del Reino Unido, y nunca ejecutó la garantía cuyo plazo ya había vencido.
El Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, informó que el Estado realizó tres pagos a la empresa por un total de US$ 30 millones, monto que se buscará recuperar mediante el proceso judicial que se iniciará en los próximos días. Díaz agregó que Uruguay no dudará en impulsar todas las acciones legales necesarias y adelantó que también se investigará internamente en el Ministerio de Defensa y otros organismos si existió algún grado de complicidad de funcionarios públicos.
