La decisión de la empresa desató una ola de ataques en redes, reavivando el debate sobre cómo la militancia y el fanatismo condicionan la escena carnavalera.
La empresa Centenario anunció que no auspiciará a los conjuntos de Carnaval que incluyan referencias al conflicto en Gaza o contenidos que, a su entender, puedan derivar en “controversia vinculada a expresiones de antisemitismo”, informó MVD Noticias. La medida expuso, con crudeza, la tensión creciente entre la libertad artística, la presión social y el clima ideológico que rodea al Carnaval.
El medio recordó que, en 2025, la murga La Gran Muñeca dedicó parte de su espectáculo a la situación de la Franja de Gaza, lo que disparó acusaciones de antisemitismo. Ese antecedente dejó en evidencia que el escenario carnavalero no es indiferente a la polarización global, y que el límite entre denuncia social y hostilidad hacia comunidades específicas puede tornarse difuso.
En declaraciones a MVD Noticias, el letrista Eduardo Rigau expresó su preocupación por la libertad de expresión: «Nos preocupa que los grupos asociados a DAECPU no puedan no tener la libertad de expresión que es algo totalmente necesario». Sostuvo además que el Carnaval debe ser “libre” para decir “lo que sea”.
Pero, en la misma intervención, Rigau reconoció una verdad elemental en cualquier democracia liberal: «Cada empresa tiene toda la libertad de dar publicidad o no (…). A vos te puede gustar un conjunto y te puede servir a nivel de marketing, eso es lo primero que habría que priorizar. Lo que dice el conjunto, eso ya es harina de otro costal”.
Una reacción desmesurada que apunta a la marca equivocada
Apenas se conoció la noticia, Centenario fue blanco de una catarata de comentarios en redes sociales. Decenas de usuarios acusaron a la compañía de “apoyar un genocidio” o de “censurar” a los/as artistas, como si una empresa privada tuviera la obligación de financiar discursos con los que no se siente representada.
En un contexto donde el odio emerge con facilidad, la reacción contra la marca terminó confirmando, paradójicamente, el motivo por el cual muchas compañías evitan involucrarse en estos temas: la viralización del agravio como forma de presión política.
Centenario, marca líder en su rubro, ejerció un derecho básico: decidir en qué proyectos invierte su dinero y qué valores quiere asociar a su identidad. Eso no es censura, es criterio empresarial.
¿Un Carnaval a un paso de la hostilidad abierta?
El episodio abre una pregunta incómoda para el sector: ¿está el Carnaval entrando en una dinámica donde el arte queda rehén del odio, la ideología y la necesidad de marcar postura?
La reacción desproporcionada contra una empresa privada muestra que ya no alcanza con subir al escenario y opinar: ahora se pretende que todos/as (público, marcas, Instituciones), adopten posiciones forzadas sobre conflictos internacionales, bajo ataques en redes sociales si no lo hacen.
La tentación de usar el Carnaval como plataforma de militancia no es nueva. Pero la agresividad actual es distinta: no busca solo expresar, sino disciplinar. Y cuando la frontera del debate se corre hacia la intimidación, el riesgo no es menor.
Un espacio cultural históricamente inclinado hacia un lado
La discusión también revive algo que el ambiente carnavalero conoce hace décadas: el tablado ha funcionado muchas veces como un espacio donde predomina un discurso político claramente identificado. Con una Intendencia de Montevideo que financia gran parte de la movida, y un ecosistema artístico mayoritariamente alineado con determinado sector político, la pluralidad real ha sido, por momentos, más un ideal que una práctica.
Que una empresa privada trace sus propias líneas deja en evidencia un contraste: mientras algunos/as artistas reclaman libertad, parte del público en redes no duda en atacar, agraviar o intentar cancelar a quien no acompaña determinados mensajes.
La decisión de Centenario, no significa más que el derecho a establecer límites, fijados desde el sector privado en función de su propia identidad corporativa y de su percepción de responsabilidad social.
