El Ejecutivo eliminó ese capítulo de la reforma luego de las críticas de la oposición y reparos dentro del oficialismo.
El Gobierno resolvió este miércoles quitar de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) los cambios previstos al régimen de libertad anticipada, en medio de la polémica política generada en torno a ese punto y los cuestionamientos planteados por la oposición.
De acuerdo a lo informado por el programa Aire Rico de Radio Del Sol, la decisión implica suprimir ese capítulo de la redacción original elaborada por el Grupo Asesor Técnico, que ya fue notificado. El tema había tomado relevancia tras la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, donde se cuestionó que la propuesta podía habilitar la salida de personas privadas de libertad por delitos graves.
Desde el Ejecutivo se había señalado que no se trataba de una liberación automática, ya que cada caso debía ser analizado por la Justicia en función de informes de conducta y antecedentes. Sin embargo, el escenario político llevó a retirar el artículo en su totalidad.
La redacción original planteaba modificar el régimen vigente para permitir que personas condenadas por delitos actualmente excluidos pudieran solicitar la libertad anticipada. A su vez, establecía condiciones más exigentes, como el cumplimiento de tres cuartas partes de la pena, en lugar de la mitad prevista en la normativa actual.
Según había indicado en Canal 5 la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, de aprobarse esos cambios el sistema podría “descomprimirse” con la eventual salida de alrededor de 2.500 reclusos, lo que equivale a cerca del 15% de una población de 17.000 personas privadas de libertad en el plazo de un año.
El marco legal vigente establece que el beneficio puede otorgarse cuando exista un pronóstico favorable de reinserción social, evaluado en base a la conducta, la personalidad y las condiciones de vida del condenado. La resolución corresponde a un juez.
En la actualidad, están excluidos de este régimen delitos como violación, abuso sexual, secuestro, homicidio agravado, rapiña, extorsión y narcotráfico, entre otros. Varias de estas exclusiones fueron incorporadas en el período anterior, especialmente en lo relativo a rapiña, copamiento, extorsión y delitos vinculados a drogas.
La propuesta del Ejecutivo buscaba modificar parte de esas restricciones y planteaba un esquema intermedio entre un sistema más flexible y otro más restrictivo, con distintos criterios según el tipo de delito y la pena.
El planteo generó cuestionamientos desde el inicio. Desde la oposición se advirtió que incluía delitos de alta gravedad y se adelantó que no tendría respaldo parlamentario. En paralelo, surgieron diferencias dentro del oficialismo y objeciones desde organizaciones sociales.
En ese marco, también se resolvió mantener fuera de cualquier modificación a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, tras instancias de diálogo con colectivos vinculados a víctimas del terrorismo de Estado.
Por otra parte, desde el Instituto Nacional de Rehabilitación se manejaron estimaciones iniciales de hasta 2.000 posibles beneficiarios, aunque posteriormente se indicó que la cifra efectiva sería menor y que en algunos casos podría ubicarse en torno a las 400 personas, siempre sujeto a evaluación judicial.
