El anterior directorio del organismo rechazó las acusaciones y afirmó que su gestión se ajustó a la normativa vigente.
Los integrantes del anterior directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado cuestionaron este viernes la denuncia penal presentada en su contra por las actuales autoridades del organismo, y calificaron la situación como un “ataque político y personal”.
La resolución del nuevo directorio, adoptada por unanimidad, apunta al expresidente Leonardo Cipriani y a los exdirectores Marcelo Sosa, Julio Micak, Pablo Cabrera y Natalia Pereyra, tras una investigación administrativa que detectó observaciones en la gestión correspondiente al período 2022-2024.
En paralelo, en el caso de Cabrera se dispuso la apertura de un sumario administrativo, dado que continúa desempeñándose como funcionario público. También fueron sumariados el exgerente financiero Juan Behrend, el exdirector del SAME-105 José Antonio Rodríguez y otros funcionarios, entre ellos autoridades del Hospital de Treinta y Tres.
De acuerdo al informe elaborado, las principales irregularidades señaladas se concentran en la contratación de la empresa de traslados ITHG, los acuerdos con prestadores privados, como Casmu y Círculo Católico, para la provisión de camas de CTI y cuidados moderados, y la gestión del Hospital de Treinta y Tres.
Entre las observaciones se mencionan compras realizadas sin procesos competitivos, fraccionamiento de gastos para evitar licitaciones, pagos cuestionados por el Tribunal de Cuentas y un incremento en el gasto vinculado a convenios con instituciones privadas.
Asimismo, desde el área jurídica del organismo se advirtió que, por la magnitud económica de los montos y las conductas detectadas, los hechos podrían exceder la órbita administrativa y configurar eventuales delitos vinculados al manejo de fondos públicos o abuso de funciones, lo que motivó la presentación de la denuncia.
Ante este escenario, los exjerarcas difundieron un comunicado en el que aseguran haberse enterado de las resoluciones a través de la prensa y sostienen que desconocen los fundamentos, ya que la información disponible, afirman, es “informal, parcial e incompleta”.
También señalaron la existencia de una presunta filtración interna de datos confidenciales y criticaron la falta de instancias de intercambio con las actuales autoridades, pese a haber solicitado reuniones formales.
En el texto, los firmantes manifestaron su disposición a colaborar con la Justicia y defendieron su actuación, indicando que estuvo “siempre ajustada a derecho”, basada en la normativa vigente, la buena fe y la ética en la función pública.
Además, sostuvieron que durante su gestión los mecanismos de control no se debilitaron, sino que fueron fortalecidos. Finalmente, concluyeron que la denuncia responde a un “claro ataque político y personal, sin fundamento jurídico alguno”.
Con información de Montevideo Portal.
