En una jornada electoral que lejos estuvo de la transparencia y la equidad, el joven presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue declarado ganador de las elecciones presidenciales con un 55,7% de los votos, superando a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, quien alcanzó el 44,3%. La izquierda, sin embargo, no reconoce el resultado y denuncia un “grotesco fraude electoral”.
Luisa González, heredera del legado político de Rafael Correa, no tardó en alzar la voz. Desde la misma noche de los comicios, rodeada de simpatizantes, denunció que “se robaron la voluntad popular del pueblo ecuatoriano”. Exige un recuento voto a voto, con auditoría internacional y la apertura de todas las urnas.
La desconfianza no es nueva. Ya en la primera vuelta se habían señalado prácticas sospechosas: padrones inconsistentes, fallas en el sistema de conteo y censura mediática a candidatos de izquierda. Ahora, con una diferencia de más de 10 puntos, las dudas se profundizan.
“Lo que vivimos no fue una elección, fue una operación política desde el poder económico y mediático para bloquear cualquier regreso del proyecto progresista”, sostuvo Gabriela Rivadeneira, exasambleísta correísta exiliada en México. “En Ecuador, quien desafía al modelo neoliberal es perseguido o silenciado”.
Desde el oficialismo, Daniel Noboa celebró su victoria con una narrativa basada en la “guerra contra el narcotráfico”. Sin embargo, la izquierda sostiene que esta retórica sirvió como pantalla para militarizar el país y justificar el autoritarismo. Bajo su breve mandato —recordemos que fue electo en 2023 en una elección extraordinaria—, Ecuador vivió un aumento alarmante en las violaciones a los derechos humanos: asesinatos de líderes sociales, represión a la protesta y uso excesivo de la fuerza.
Organizaciones de DD.HH. como la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) han documentado múltiples casos de represión durante el estado de excepción decretado por Noboa. “Estamos ante una deriva peligrosa donde el gobierno se esconde tras la seguridad para justificar el control y la persecución ideológica”, advierten.
Mientras la OEA y observadores internacionales no reportaron “irregularidades graves”, sectores sociales en Ecuador desconfían de esas “garantías” que ya han legitimado fraudes en otros contextos latinoamericanos. “Los observadores internacionales solo vieron lo que quisieron ver. El pueblo en los barrios sabe que hubo trampa”, dijo Ana María Chancay, dirigente barrial de Guayaquil.
La reacción de la ciudadanía no se hizo esperar. En Quito, Cuenca y otras ciudades del país, miles de personas salieron a las calles con carteles que decían “Fraude Electoral”, exigiendo que se respete su voto. La Policía Nacional respondió con gases lacrimógenos y detenciones arbitrarias, mientras los grandes medios guardaban silencio.
Daniel Noboa, con apenas 37 años, parece decidido a consolidar un modelo de seguridad empresarial al estilo Bukele, donde las libertades civiles se ven subordinadas a una supuesta “paz social”. La pregunta que muchos se hacen hoy en Ecuador y en toda América Latina es: ¿cuánta democracia puede haber cuando el poder económico define los resultados?
