La situación en Haití ha alcanzado niveles de horror que desafían toda lógica. Más del 80% de Puerto Príncipe está bajo el control de bandas armadas, y la población civil vive atrapada entre la violencia, el hambre y el abandono total del Estado. Organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja han sido atacadas deliberadamente, obligándolas a cerrar centros médicos y suspender operaciones vitales. La directora de la Cruz Roja en Haití, Marisela Silva Chau, advierte que la vida se ha vuelto “cada vez más precaria” y que el país se encuentra al límite de un colapso humanitario.
El número de desplazados internos supera el millón, con familias enteras huyendo de la violencia sin acceso a refugios seguros ni servicios básicos. La inseguridad alimentaria afecta a más de 3,7 millones de personas, y la falta de agua potable y atención médica agrava aún más la crisis.
La comunidad internacional ha respondido con lentitud y falta de compromiso. La misión de seguridad liderada por Kenia, autorizada por la ONU, aún no se ha desplegado completamente, dejando a la población haitiana a merced de las pandillas . Mientras tanto, la violencia sexual, el reclutamiento forzado de niños y el asesinato de periodistas se han convertido en la norma.
Es hora de que la comunidad internacional actúe con decisión para proteger a la población haitiana y restaurar el estado de derecho. La inacción solo perpetúa el sufrimiento y la impunidad en un país que clama por justicia y dignidad.
