García pidió informes al BCU tras advertencia sobre uso de bancos corresponsales para canalizar fondos
Un informe de la DEA encendió alertas en Uruguay al advertir sobre una red financiera internacional entre Irán y Venezuela que habría utilizado bancos corresponsales en distintos países, incluido Uruguay, para evadir sanciones y canalizar fondos de forma opaca.
A partir de esta información, el senador del Partido Nacional Javier García presentó un pedido de informes al Banco Central del Uruguay (BCU), con el objetivo de conocer si existen reportes de operaciones sospechosas vinculadas a estos movimientos.
El reporte, consignado por el periodista Román Lejtman en Infobae, se basa en el análisis de unos 3.000 archivos oficiales y describe una arquitectura financiera compleja que incluyó fondos bilaterales, fideicomisos y triangulación de operaciones a través de plazas como Panamá, Dubái, Hong Kong y Uruguay.
“La alianza Irán-Venezuela permite a Teherán evadir las sanciones internacionales a través de una arquitectura financiera opaca que involucra […] bancos corresponsales en Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong”.
Según el documento, este entramado habría permitido canalizar recursos hacia empresas estatales iraníes vinculadas a sectores estratégicos como energía y construcción naval, además de sostener actividades consideradas hostiles por Estados Unidos.
En diálogo con Montevideo Portal, García subrayó la gravedad del tema:
“No puede pasar desapercibido un informe que diversos medios internacionales publican y que vinculan a algún banco con sucursal en Uruguay con triangulaciones de dinero entre Venezuela e Irán y, eventualmente, con participación de grupos terroristas”.
El legislador aclaró que su pedido apunta a relevar información sin vulnerar el secreto bancario, enfocándose en eventuales reportes de operaciones sospechosas vinculadas al crimen organizado.
El informe también sostiene que la cooperación entre ambos países excede lo financiero e incluye áreas militares y nucleares, con transferencia de tecnología y explotación de recursos estratégicos. Asimismo, señala que Venezuela habría funcionado como plataforma para organizaciones consideradas terroristas por Washington, facilitando circuitos de financiamiento, tráfico de drogas y armas, y movilidad operativa en la región.
En ese marco, se mencionan conexiones con redes criminales en América Latina, incluyendo estructuras en la Triple Frontera, remanentes de las FARC y cárteles mexicanos, configurando, según el documento, un ecosistema híbrido entre crimen transnacional y terrorismo.
Estas conclusiones forman parte del material que analiza la justicia federal de Estados Unidos en la causa por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro. Su defensa, encabezada por el abogado Barry J. Pollack, presentó recientemente un recurso para anular los cargos, alegando violaciones constitucionales.
El tribunal de Nueva York fijó una audiencia para el 26 de marzo, donde se evaluará ese planteo y el rumbo del proceso judicial.
