Mientras Uruguay sostiene uno de los sistemas de vacunación más robustos de América Latina, con campañas gratuitas y obligatorias que han erradicado enfermedades como la poliomielitis y reducido drásticamente la mortalidad infantil, un enemigo silencioso crece en las sombras: la desinformación.
Desde pequeños grupos en redes sociales hasta referentes mediáticos irresponsables, el discurso antivacuna ha ganado terreno, generando dudas en madres, padres y hasta en personal de la salud. ¿El resultado? Un preocupante aumento en la cantidad de personas que rechazan o postergan la vacunación de sus hijos e hijas, incluso en medio de rebrotes de enfermedades controladas.
📉¿Qué está pasando?
La más reciente campaña del Ministerio de Salud Pública, iniciada en enero de 2025 para aplicar refuerzos contra la variante JN.1 de COVID-19, encontró resistencia en sectores urbanos y rurales. A pesar de contar con vacunas actualizadas de Pfizer, seguras y gratuitas, la cobertura entre adultos mayores no alcanzó el 70% esperado.
Este fenómeno no es casual. Desde 2023, se han detectado más de 200 páginas y grupos en Facebook, Telegram y TikTok que difunden teorías conspirativas, falsas estadísticas y mensajes que apelan al miedo. Alegan, por ejemplo, que las vacunas “modifican el ADN”, “causan infertilidad” o que “todo es parte de un plan globalista”. Estas ideas, sin base científica, están calando hondo, sobre todo en sectores vulnerables y sin acceso a información contrastada.
⚠️Un problema de derechos humanos
El acceso a la salud es un derecho, no una opción. Las campañas de vacunación salvan vidas. No vacunar a niños y niñas, no sólo los pone en riesgo, sino que vulnera su derecho a crecer sanos. Además, expone a toda la comunidad, especialmente a quienes no pueden vacunarse por razones médicas, y depende de la inmunidad colectiva.
👥¿Quién financia este caos?
Según varias fuentas, se han revelado vínculos entre grupos locales antivacunas y organizaciones extranjeras de ultraderecha, muchas de ellas ligadas a intereses religiosos conservadores que buscan debilitar la confianza en la ciencia y las instituciones públicas. ¿El objetivo? Promover un modelo individualista donde la salud se mercantiliza y el Estado se retira.
