La administración Trump retoma su política de “máxima presión” sobre Venezuela, intensificando sanciones económicas y medidas migratorias que agravan la crisis humanitaria en el país.
En un giro drástico de su política exterior, el presidente Donald Trump ha reactivado su estrategia de “máxima presión” contra Venezuela, implementando una serie de sanciones económicas y medidas migratorias que han exacerbado la ya crítica situación humanitaria en el país sudamericano.
Las recientes sanciones incluyen aranceles del 15% a productos venezolanos como mariscos, ron y café, y del 25% a cualquier país que comercie petróleo o gas venezolano, afectando severamente los ingresos del país, altamente dependiente del petróleo.
Además, la administración Trump ha revocado permisos a empresas como Chevron, Repsol y ENI para operar en Venezuela, lo que ha paralizado importantes proyectos petroleros y ha generado incertidumbre en el mercado energético global.
En el ámbito migratorio, se han revocado protecciones como el TPS y el parole humanitario para venezolanos en Estados Unidos, y se han llevado a cabo deportaciones masivas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, afectando a cientos de migrantes, muchos de ellos sin antecedentes penales.
Estas acciones han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales, quienes advierten que las sanciones y las medidas migratorias no solo no han logrado debilitar al gobierno de Nicolás Maduro, sino que han profundizado la crisis económica y social en Venezuela, aumentando la pobreza, la inflación y la migración forzada.
La comunidad internacional observa con preocupación el impacto de estas políticas, mientras que sectores dentro de Estados Unidos debaten la eficacia y las consecuencias humanitarias de la estrategia de “máxima presión” de la administración Trump.
