El Presidente decidió suspender su agenda de este martes para revisar personalmente el escrito que se presentará en Fiscalía. La ampliación incorpora nueva información sobre la presunta falsificación señalada por un escribano español.
El Presidente Yamandú Orsi dejó en suspenso una actividad oficial que tenía programada para este martes a primera hora con el objetivo de seguir de cerca la redacción del documento que Presidencia remitirá a la Fiscalía. Se trata de la ampliación de la denuncia vinculada a la garantía presentada por el astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrulleras oceánicas encargadas en 2023 para la Armada Nacional. Esa garantía, hoy bajo la lupa, fue aceptada en diciembre de 2024.
De acuerdo con información a la que accedió Subrayado a través de fuentes oficiales, la nueva presentación incluye elementos reunidos por el gobierno en las últimas semanas, luego de la denuncia inicial firmada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, ante la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
El escrito será ingresado en Fiscalía en el transcurso de las próximas horas por el equipo jurídico de Presidencia. Según las mismas fuentes, el agregado apunta a la presunta falsificación de una firma y de un acta pertenecientes a un escribano español que habría intervenido en el proceso de validación de la garantía.
El lunes, Sánchez comentó ante la prensa los avances surgidos recientemente, entre ellos la denuncia penal presentada en España por el escribano Luis Calabuig, quien sostiene que su firma habría sido falsificada en la documentación de EuroCommerce, el banco que Cardama presentó como garante del contrato.
“Cada vez esta situación es más turbia. Creo que el gobierno hizo bien en hacer la denuncia y esperar que la justicia resuelva”, afirmó el secretario de Presidencia.
En paralelo, se confirmó que la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por este asunto, se llevará a cabo el 8 de diciembre en el Senado. La solicitará el senador y exministro de Defensa Javier García, quien ocupaba la cartera cuando se firmó el acuerdo con Cardama por 90 millones de dólares.
La denuncia original había quedado en manos de la fiscal Sandra Fleitas, pero esta pidió ser apartada del caso por un vínculo familiar con un exjerarca del Ministerio de Defensa. Finalmente, el expediente fue asignado al fiscal Alejandro Machado.
