Ocho años después, llega un fallo clave
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó esta semana las responsabilidades civiles en el trágico caso de Luciano Silveira, un niño de cinco años que murió asfixiado en un castillo inflable durante un cumpleaños en diciembre de 2016, en el barrio Buceo de Montevideo. El fallo cierra un proceso judicial que se extendió durante casi una década y que dejó múltiples lecciones en lo penal, lo civil y también en el rol de los medios de comunicación.
Luciano habría cumplido 13 años este año. Su muerte conmocionó a la opinión pública no solo por las circunstancias del hecho, sino también por las irregularidades en la investigación y las controversias posteriores que involucraron a fiscales, periodistas y organismos del Estado.
El hecho: una fiesta que terminó en tragedia
La tarde del 3 de diciembre de 2016, Luciano asistió a un cumpleaños infantil en un salón de fiestas del barrio Buceo. Durante la celebración, el niño quedó atrapado dentro de un castillo inflable que fue desinflado sin verificar si aún había niños en su interior.
Horas más tarde, tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado enredado en la lona del inflable. La pericia forense confirmó que la causa de muerte fue asfixia por compresión mecánica.
Responsabilidades penales y civiles
La familia de Luciano inició acciones judiciales tanto en el plano penal como en el civil. En abril de 2018, el juez Tabaré Erramuspe procesó por homicidio culposo al dueño del local y a una persona contratada para supervisar a los niños durante la fiesta.
Además, el hermano del dueño, socio del emprendimiento, fue condenado por encubrimiento al ocultar y no entregar a tiempo las grabaciones completas de las cámaras de seguridad del local, que eran clave para entender cómo se habían desarrollado los hechos.
No obstante, los padres del niño homenajeado, identificados con las iniciales L y C, no fueron procesados en aquel momento. La entonces fiscal del caso, Gabriela Fossati, apeló esta decisión entendiendo que estos adultos tuvieron una actitud “egoísta, prescindente y descuidada”, según consta en la documentación judicial.
Fallo de la SCJ: confirmación de las responsabilidades
Con este último fallo, la SCJ ratificó las condenas civiles para todas las partes involucradas:
Dueño del local: principal responsable por omisión de controles básicos de seguridad.
Hermano del dueño: por ocultamiento de evidencia.
Padres del cumpleañero: por negligencia civil.
Agentes policiales: por entorpecimiento e irregularidades durante la investigación.
La sentencia también condena al Ministerio del Interior a pagar una indemnización a la familia de Luciano, por fallas procesales graves cometidas por la Policía en las primeras horas de la investigación.
La arista mediática: tensión entre la fiscal y la prensa
El caso no solo generó repercusiones en el ámbito judicial, sino también en el mediático. En 2018, el programa “Santo y Seña” (Canal 4), dirigido por el periodista Ignacio Álvarez, emitió un informe crítico con el trabajo de la fiscal Fossati en este caso. Según la exfiscal, el informe la expuso públicamente de manera injusta y contribuyó a desprestigiar su labor.
Este domingo, tras conocerse el fallo de la SCJ, Fossati —hoy dirigente de la Coalición Republicana— publicó un mensaje en la red X dirigido a Álvarez:
“Un poco de paz para los padres de Luciano. El tiempo pone las cosas en su lugar. Al conocido periodista que hoy se siente un ganador, le recuerdo que no sirvió hacer un programa de televisión difamándome, ni su llamada de una hora intimidándome, ni su visita al fiscal general Jorge Díaz”.
El periodista, por su parte, no respondió públicamente a la publicación.
Reflexiones finales: el tiempo y la justicia
A ocho años de la tragedia, este fallo representa un cierre simbólico para la familia Silveira, aunque nada puede reparar la pérdida sufrida. El caso deja también una marca en la historia judicial del país, al exponer las debilidades en los controles de seguridad en eventos infantiles, la falta de protocolos claros, y la fragilidad de las primeras etapas investigativas en casos complejos.
Además, el proceso evidenció la necesidad de una mayor responsabilidad ética en la cobertura mediática de casos judiciales y el desafío que representa equilibrar el derecho a informar con el respeto a las víctimas y operadores del sistema de justicia.
