La Diputada frenteamplista María Inés Obaldía presentó una iniciativa para incorporar esta figura al Código Penal, con penas de hasta 12 años de cárcel. El caso de Milagros Chamorro es citado como ejemplo clave.
La Diputada del Frente Amplio, María Inés Obaldía, presentó un proyecto de ley que busca tipificar como delito el denominado “suicidio feminicida”, con el objetivo de reconocer aquellas muertes que ocurren en contextos de violencia de género o violencia sexual.
La iniciativa propone agregar el artículo 315 bis al Código Penal, estableciendo que quien “induzca, determine o ayude” a una persona a quitarse la vida, cuando ese desenlace esté precedido por violencia basada en género o abuso sexual ejercido por el autor, pueda ser castigado con penas de cuatro a doce años de penitenciaría.
En redes sociales, la legisladora sostuvo que “detrás de muchos suicidios, hay historias de violencia, abuso y silencios que no pueden seguir siendo invisibles”, y agregó que “legislar es también cuidar, y eso, sobre todo, es no mirar para otro lado”.
En la exposición de motivos, Obaldía argumenta que el proyecto apunta a visibilizar una forma extrema de violencia que, según indica, permanece muchas veces oculta. Allí señala que, pese a avances legislativos, la violencia de género y la violencia sexual siguen siendo problemáticas persistentes en Uruguay, con consecuencias que en algunos casos derivan en suicidios.
El texto también advierte sobre un “vacío normativo” en el ordenamiento jurídico uruguayo, al no existir actualmente una tipificación específica para estos casos, lo que —según la iniciativa— dificulta una respuesta penal adecuada y el reconocimiento de estas muertes como resultado directo de situaciones de abuso y coerción.
Como ejemplo “doloroso”, el proyecto menciona el caso de Milagros Chamorro, una joven que se quitó la vida el 25 de octubre de 2024 en el Casmu, luego de haber denunciado una violación grupal y, según se detalla, no haber recibido atención adecuada en salud mental pese a concurrir en reiteradas ocasiones. La iniciativa subraya que este caso refleja “cómo la falta de respuesta efectiva del sistema puede llevar a estos desenlaces trágicos”.
El proyecto fue elaborado en conjunto con el Proyecto Ikove, un colectivo integrado por sobrevivientes de violencia sexual, y busca abrir el debate sobre nuevas herramientas legales para abordar las consecuencias más extremas de este tipo de violencia.
