El planteo cuestiona la reducción de la sanción aplicada por el MSP y reclama una investigación ética por el manejo institucional del caso de Soledad Barrera.
La familia de la pediatra Soledad Barrera, fallecida tras una cirugía de vesícula realizada en el SMI, presentó una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico contra la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la anestesista condenada por homicidio culposo en el caso.
La presentación solicita que se analice la conducta ética de ambas profesionales, luego de que el Ministerio de Salud Pública resolviera reducir de cinco a tres años la sanción de inhabilitación aplicada a la anestesista por la Comisión Honoraria de Salud Pública.
La decisión de la ministra provocó la renuncia de once integrantes de la comisión. En la resolución, Lustemberg argumentó que la sanción original era “desproporcionada” y que no contaba con suficiente fundamentación, aunque reconoció la responsabilidad de la profesional en los hechos.
En una carta firmada por la madre de Barrera, la familia sostiene que existió “una secuencia de decisiones, omisiones y contradicciones institucionales” que requiere un análisis ético específico.
El escrito remarca que la ministra, por su condición de médica colegiada, continúa alcanzada por los deberes éticos de la profesión pese a ejercer un cargo político.
La denuncia también cuestiona la diferencia de criterios dentro del propio Estado. Mientras el MSP redujo la sanción vinculada al ejercicio profesional, el Ministerio de Defensa resolvió dar de baja a la anestesista de las Fuerzas Armadas.
“La contradicción estatal es evidente”, señala la carta, que reclama explicaciones “claras, completas y documentadas” sobre la decisión adoptada por la cartera de Salud Pública.
El caso ocurrió en 2023, cuando Barrera sufrió un paro cardíaco durante una colecistectomía laparoscópica programada. La médica permaneció diez meses internada en estado crítico hasta su fallecimiento.
La Comisión Honoraria concluyó que se trató de una “muerte evitable” y detectó múltiples apartamientos de la práctica médica adecuada, entre ellos la ausencia de supervisión anestésica durante la cirugía y demoras en la asistencia tras el paro cardíaco.
La anestesista fue condenada mediante un proceso abreviado a 24 meses de pena, luego de admitir su responsabilidad penal en los hechos.
Desde el Colegio Médico informaron que la denuncia será evaluada inicialmente en sus aspectos formales y de competencia antes de continuar el trámite.
