La iniciativa busca ampliar el acceso al beneficio tras cumplir tres cuartos de la pena. En el oficialismo hay cautela y se prioriza alcanzar acuerdos con la oposición.
El sistema político volvió a poner el foco en la política carcelaria tras la interpelación al Ministro del Interior, Carlos Negro, y el envío al Parlamento de una reforma al Código del Proceso Penal (CPP). En el centro del debate aparece la posibilidad de ampliar el régimen de libertad anticipada, incluso para personas condenadas por delitos graves, en un contexto de hacinamiento en las cárceles.
Durante la interpelación promovida por el Senador Pedro Bordaberry, desde la oposición se cuestionó que el gobierno avanzara hacia una eventual liberación de reclusos. El Ministro rechazó esa interpretación y aseguró que no existe un plan en ese sentido. “De ninguna manera este gobierno ni el Ministerio ha planteado nunca (…) liberar presos”, sostuvo, y agregó que todos los sistemas penales contemplan mecanismos que permitan evitar la sobrepoblación carcelaria.
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo incluye justamente algunos de esos mecanismos. Por un lado, propone reinstalar la suspensión condicional del proceso, una herramienta dirigida a delitos leves que permite evitar la prisión mediante acuerdos entre imputados y víctimas. Por otro, plantea ampliar el alcance de la libertad anticipada.
Actualmente, este beneficio puede solicitarse al cumplir la mitad de la condena, pero excluye delitos graves como homicidio, violación o secuestro. El nuevo proyecto habilita su aplicación también en esos casos, aunque con condiciones más estrictas: el condenado deberá haber cumplido al menos tres cuartos de la pena y su situación será evaluada por la Justicia, considerando su conducta, perfil personal y posibilidades de reinserción.
Las declaraciones de la Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, reactivaron la polémica. La jerarca estimó que, de aprobarse los cambios, unas 2.000 personas privadas de libertad podrían llegar a solicitar el beneficio. Aclaró, sin embargo, que no se trata de liberaciones automáticas, ya que cada caso será analizado por el Poder Judicial.
Desde la oposición, las críticas no tardaron en llegar. Legisladores/as de distintos partidos señalaron que la medida podría generar un mensaje de debilidad en materia de seguridad y cuestionaron la falta de evaluación de sus posibles consecuencias.
En el Frente Amplio, en tanto, las declaraciones generaron sorpresa en algunos sectores. Legisladores/as oficialistas indicaron que aún resta analizar en profundidad el alcance de la propuesta y que el debate recién comienza en el Parlamento. La estrategia, afirmaron, será buscar consensos con la oposición para viabilizar la reforma, teniendo en cuenta que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados.
En esa línea, fuentes parlamentarias señalaron que, en caso de no lograrse acuerdos en torno a los artículos más controvertidos, estos podrían ser retirados del proyecto. “Vamos a trabajar para lograr los apoyos necesarios para que esta reforma pueda ser aprobada en ambas cámaras”, resumió un legislador.
Uno de los puntos que ya fue modificado es el que incluía a los delitos de lesa humanidad dentro del nuevo régimen de libertad anticipada. Tras un planteo de organizaciones de derechos humanos, el gobierno resolvió eliminar ese inciso de la iniciativa.
Con información de El País.
